jueves, 26 de agosto de 2010

Dos argumentos ante un dictamen


NO vamos a entrar a discutir ninguno de los apartados del dictamen que, tan primorosa y minuciosamente, ha analizado el señor Lorea en su escrito del 14 de agosto en DIARIO DE NOTICIAS. Tampoco pretendemos dar continuidad a ningún debate y lo dejaremos aquí zanjado pues la asociación a la que alude (cuyo ideario de base, efectivamente, es defensor o, más bien, conservacionista del medio) habría votado a favor de él con alguna matización. De hecho, sólo desarrollaremos dos argumentos que fundamentan la razón de por qué no se va a hacer una mina a cielo abierto en el paraje de Antzeri, incluido en la ZEC Monte Alduide: El legal y el de salud.

Ni somos extremistas de la ecología y entendemos que debemos tener acceso a los recursos naturales que nos proporcionen el justo bienestar como habitantes del planeta. Ni estamos en el extremo de la depredación y la esquilmación de esos recursos que conducen a la destrucción del mismo. Como dice el dictamen: conseguir un equilibrio entre el medio ambiente y las políticas de desarrollo. De hecho, no estamos en el extremo de nada con el que algunos pretenden identificarnos.



Aconsejamos más imparcialidad al dar información. La Mancomunidad de Oiarmendi no persigue (ni podría) salvar 170 puestos de trabajo. Pero sí obtener una ganancia económica que saque a sus concejos del agujero que gestores anteriores provocaron. A costa de hipotecar el futuro de su población esquilmando un recurso en 20 años del que, si se conserva, se obtendrían muchos más beneficios económicos y puestos de trabajo más estables de los llamados ecológicos. Invitamos a este señor que estudie y profundice un poco sobre el tema. Representantes de intereses económicos, sociales, culturales y ecologistas de eminentes comunidades científicas, entre ellas la UPNA, apuestan por este tipo de trabajos que conducen al tan nombrado y famoso desarrollo sostenible y que serían los apropiados para desarrollar en una ZEC como Monte Alduide. Esto sí sería dar oportunidad al progreso. De hecho, se están utilizando los puestos de trabajo como un vil chantaje injustificado pues, en absoluto dependen de que se haga o no una mina a cielo abierto en Zilbeti. Pero vamos a los argumentos:



Legal: invito al señor Lorea a que nos indique, si conoce, algún precedente judicial que admita la realización de una cantera en una zona protegida por la Red Natura 2000 incluso después del dictamen que menciona (señalemos que un dictamen no es una directiva, una ley). Todas las sentencias conocidas han sido en contra. Si surge una figura de protección es por algo. La ley protege al ciudadano, ¿se imaginan que por intereses de algún poderoso que quiere deshacerse de alguien lo excluya de esta ley? Ningún ciudadano con conciencia lo permitiría. Ni por un puesto de trabajo. Y esa es una reivindicación de la asociación, mucho más importante que la medioambiental: hacer cumplir las leyes que los poderosos intentan cambiar a su antojo.



Las personas necesitan ser protegidas, por ley, de los malhechores y las ZEC necesitan ser protegidas, por ley, de las especulaciones de las grandes empresas que intentan destruirlas con canteras u otro tipo de agresiones. De ello deberían preocuparse las autoridades. Pero en este país hace falta crear asociaciones. Nos enumera también un sinfín de empleos alrededor de la industria extractiva. Diversos informes señalan que las poblaciones situadas dentro de espacios naturales protegidos del Estado español analizadas han invertido su tendencia demográfica y económica tras la declaración del ENP, comenzando a mantenerse o aumentar sus poblaciones y aumentando los niveles de ocupación y diversificación económica. Alrededor del parque de Doñana, probablemente con gestores más válidos que los nuestros, se han creado unos 500 puestos de trabajo entre directos e indirectos que por poco se van al traste por el proyecto minero de Aznalcollar, que también llegó al territorio andaluz prometiendo ríos de leche y miel y que al final nos ha costado mil millones de euros (muchos hospitales y colegios) enderezar el entuerto ocasionado, de triste recuerdo. ¿Multiplicamos por todas las zonas incluidas en la Red Natura Europea? Seguramente superan en número a los empleos de la otra actividad y son mucho más sanos para la salud humana y ambiental en general.



Salud: el artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho constitucional de todos a la protección de la salud. Este proyecto vulnera este derecho. Una mina a cielo abierto está considerada como una actividad de grave riesgo para la salud humana por su capacidad de contaminación del medio (ruido, polvo, sustancias minerales y químicas en los acuíferos). En el proyecto de evaluación de impacto medioambiental ya observamos graves deficiencias que pueden poner en peligro la salud de los habitantes de la zona (tan importante como las reivindicaciones medioambientales). Proyecto (un documento de unos 1.000 folios) que, por cierto, ha sido publicado en el BON del 30 de julio de 2010 encajado perfectamente el plazo de alegaciones en el mes de agosto, periodo vacacional. Otra actuación más por parte de nuestros gobernantes que denotan una actuación de auténtica mala fe dirigida si no a cercenar, sí a impedir y obstaculizar al máximo las posibilidades reales de participación efectiva y con todas las garantías de los ciudadanos. Desde luego cuestiona bastante el principio de imparcialidad del Gobierno ante una iniciativa de promoción privada.


Otra afirmación cuestionable del señor Lorea. Esta asociación mantiene contactos con la población de Baztan y desde luego manifiestan de todo menos lamentaciones tras haber elegido progresar de diferente manera a la que él sugiere. Si sus gobernantes optasen, de nuevo, dejarse llevar por los cantos de sirena de Magna volverían a atarlos de nuevo al palo mayor de la embarcación. Estamos en el mismo barco, nuestras armas son las leyes y los argumentos razonados. Nuestro objetivo el bien común, no el beneficio de unos pocos.


Publicado como colaboración en Noticias de Navarra
Por María Angeles García Ruiz Portavoz de la Coordinadora Montre Alduide