Publicado en Diario de Noticias de Navarra el 16 de octubre del 2011
La responsabilidad de la conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico ha recaído tradicionalmente en las administraciones públicas que han querido proteger estos valores aplicando las Normas de forma poco edificante. Lo que ocurre es que en esta ocasión la Administración de Navarra quiere decidir sobre espacios en los que ya no tiene soberanía suficiente y no quiere reconocer que debe gestionarlos teniendo en cuenta Leyes nacionales contando con el permiso de la Comisión europea.
Con el proyecto de mina a cielo abierto de Zilbeti la Administración navarra promueve la destrucción de territorio protegido, sosteniendo empresas privadas con recursos públicos.
La opinión pública navarra debe saber que muchos de los proyectos que se intentan implantar en su territorio lo hacen no porque aquí se conjuguen condiciones naturales favorables o riquezas minerales excepcionales, sino porque los órganos políticos se muestran comprensivos a la hora de aceptar proyectos que son rechazados en otros lugares por afectar de forma crítica al territorio que administran o incluso a la salud pública de los ciudadanos que los han elegido.
Lamentablemente la opinión pública se está acostumbrando a contemplar con desidia cómo los estamentos políticos, que han sido elegidos para preservar y gestionar nuestro patrimonio público con criterios de estricta prudencia, lo derrochan en beneficio de familiares, amigos y bienhechores, pero lo que no acabamos de entender es que los funcionarios públicos a los que se les ha dotado de privilegios exclusivos (inamovilidad, independencia de criterios profesionales etc.) utilicen sus bien formados criterios en respaldo de los intereses políticos y no en la defensa de los intereses públicos de los que supuestamente son servidores. En todo caso la Administración pública, en su conjunto, debe defender con rigor el patrimonio de todos, concediendo el uso privado del dominio público con criterios estrictamente centrados en el cumplimiento de la Ley.
La Empresa Magnesitas de Navarra S.A,. MAGNA, nos anuncia el próximo agotamiento de la cantera de Azkarate en Eugui (valle de Esteribar, Navarra) y a tal efecto promovió la apertura de una cantera en Erdiz (Valle de Baztan) dentro de la Zona de Especial Conservación Monte Alduide que forma parte de la red de espacios naturales europeos, pero la movilización social de repulsa al proyecto fue tan contundente que se buscó un punto, dentro de la misma beta de mineral, situado en el paraje de Antxeri (Valle de Erro) junto a la pequeña población de Zilbeti y dentro del mismo espacio protegido, que cuenta con escasa capacidad para llamar la atención de la opinión pública navarra en defensa de su territorio.
El promotor minero asume la imposibilidad de avances en su proyecto en Baztan y declara públicamente su renuncia al mismo. Sin embargo en el expediente que hace público solicitando las autorizaciones para abrir la cantera en Zilbeti reconoce que la calidad del mineral en esta localidad no es buena pero que su apertura le permitiría prolongar la vida de su cantera actual, mezclando ambos minerales, mientras resuelve los problemas que se le presentan en Baztan. Y a tal efecto el Gobierno de Navarra aprobó un PSIS, figura que debería ser excepcional pero que se usa abusivamente con demasiada frecuencia, intentado evitar dificultades ante proyectos que se presumen impopulares.
Una estrategia muy utilizada por el poder político es la que ahora estamos observando en el proyecto minero de Zilbeti. Se utiliza a los medios de comunicación para pervertir los argumentos con llamativos titulares, haciendo llegar a la opinión pública la idea de que la defensa del Patrimonio común está en manos de radicalismos políticos cuando lo que simplemente se hace es respetar la Ley y aplicarla en beneficio de la conservación territorial como concepto patrimonial básico.
Dentro de las ayudas oficiales con que cuenta este proyecto minero se pueden apreciar irregularidades administrativas y favoritismos, omitiendo tramitaciones que en otros casos hubiesen paralizado cualquier iniciativa. Entre ellas figura el necesario permiso de ocupación de un bosque protegido en Quinto Real que quiso otorgarse de forma fraudulenta pocos días antes del relevo de autoridades municipales en Baztan y que ahora se rechaza.
Pero la desafección del bosque de Quinto Real no se lo niega un partido político sino que según las Ordenanzas, Cotos y Paramentos del Noble Valle y Universidad de Baztan, la decisión la toma la Junta General que gestiona los comunales y que está integrada por 13 representantes del Ayuntamiento de Baztan, quince Jurados que representan a cada uno de los Lugares del Valle y cuatro vecinos procedentes de otros tantos Cuarteles del Noble Valle. Previamente, y antes de someter el asunto a votación, la Junta General se reúne y sondea la opinión de los responsables del Valle de Erro, de SEO/BirdLife y de la Coordinadora Monte Alduide.
El Gobierno de Navarra viene socorriendo a MAGNA con la tramitación de un proyecto a todas luces ilegal y recurrido ante los tribunales, favoreciéndole con cuantiosas subvenciones que en este tiempo de crisis no deberían justificarse. Por el contrario la Empresa debería recibir ayudas, no para violar la Ley, sino para reconvertirse aprovechando las alternativas existentes fuera de los espacios protegidos europeos que le permitirán sobrevivir sin necesidad de destruir territorio.
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