La minería hipoteca los valles de Esteribar y Erro.
En relación al artículo que DIARIO DE NOTICIAS del pasado 20 de octubre publica en la sección de Colaboración, y por alusiones directas, me permito enviar estas consideraciones que se escriben con el mayor respeto a todos sus lectores y en particular a los navarros, al considerar que deben tener acceso al mayor abanico posible de puntos de vista para que puedan formarse su propia opinión sobre proyectos mineros dentro de espacios protegidos europeos.
Es evidente que la realidad debe verse desde muchos oteros para comprenderla buscando soluciones compatibles con el ordenamiento jurídico, que inevitablemente debemos respetar, porque cuando no se hace así es cuando se pierde la virtud y la credibilidad.
Nadie pone en duda, ni se considera ilícito, la obligación que tiene toda empresa de producir beneficios pero su actividad no se justifica de cualquier modo. Una empresa debe plantearse en términos de legalidad porque podríamos caer en la tentación de disculpar cualquier ocupación ilegal justificada únicamente por la creación de puestos de trabajo.
No se puede pensar que una empresa minera es eterna porque solo puede garantizar su continuidad mientras no se agote el mineral y su explotación sea rentable. Pero todo mineral es agotable y justamente el mercado lo valora en la medida de que es finito. Lo que debe hacer toda Empresa juiciosa en adaptarse a las circunstancias buscando materias primas no fácilmente agotables, situadas fuera de los espacios protegidos, procurando la atracción a sus productos por el valor añadido obtenido en los procesos fabriles y no basándose exclusivamente en su escasez minera.
Es imposible que una empresa que vive de la minería a cielo abierto sea respetuosa con su medio natural. Una empresa minera destruye el territorio de forma irreparable y si se preocupa del medio natural no lo es del próximo sino el de allende los mares. Cualquier peregrino del Camino de Santiago que pasa por Zubiri, o cualquier persona que visite la cantera de Azcárate, lo puede comprobar, por mucho que se nos presenten Autorizaciones Ambientales que no eliminan las afecciones sino que degradan a los que las otorgan. La minería a cielo abierto y la voluntad de permanecer son incompatibles por definición ya que lo que se está planteando es la destrucción irreversible del suelo.
La Ley protege al territorio, no a la Empresa, y la Administración debe interpretarla siguiendo este principio, estudiando todas las alternativas posibles, no solo las que le presenta el promotor, para que el proyecto sea compatible con la conservación del territorio. Los amiguismos deben supeditarse al bien común y no al beneficio de una Empresa privada y su continuidad, a pesar de la Ley. Tampoco parece razonable que una Empresa de capital foráneo reciba tantos recursos y apoyos financieros de los navarros. Invito a los curiosos a que visiten la web oficial y vayan sumando las subvenciones adjudicadas a MAGNA durante los últimos meses, estando ya sumidos en la penuria.
A nuestro País no le ha ido mal perteneciendo a Europa. Nuestros socios comunitarios nos han apoyado con cuantiosas aportaciones a cambio de incorporar en nuestra legislación las Directivas europeas que conforman una visión del mundo menos caníbal de la que representa nuestro promotor minero. Pero a su vez esta entrada de fondos europeos y de adaptación legislativa a unas Normas comunes ha derivado en una pérdida de soberanía que el Gobierno de Navarra no quiere entender. El Plan de Gestión de esta Zona de Especial Conservación que prohíbe la minería y que la Comisión europea hizo suyo, fue redactado por nuestro Gobierno de Navarra constituido por personas del mismo signo político que los actuales y con pocas variaciones en sus estamentos técnicos, siendo una Norma de máximo nivel solo por debajo de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El compromiso de protección del territorio ante nuestros socios comunitarios es compensado por ellos con cuantiosas sumas que el mismo Gobierno navarro reconoce, oculta y gasta sin que se sepa muy bien cómo, pero evidentemente no lo perciben ni el territorio ni sus habitantes.
La justificación que MAGNA hace de su proyecto minero se basa justamente en los principios que han provocado la crisis en la que nos encontramos. Pasamos tiempos difíciles que lamentablemente no son puntuales sino que perdurarán en el tiempo y hemos entrado en esta situación porque se ha hecho mal uso del suelo, del territorio, especulando con él para sacar beneficios sin la menor garantía de continuidad sino justamente destruyéndolo como método más radical de su uso en beneficio propio. Llegamos a un lugar y nos llevamos su territorio en camiones, vendiéndolo al mejor postor y dejando en su lugar un agujero. Pero nuestra crisis no solo nos llega por el mal uso del territorio sino por la mala gestión de los recursos públicos y en esto entran los impuestos de todos los navarros que nuestro Gobierno reparte entre sus favoritos sin ningún miramiento. Es otras palabras, MAGNA no soluciona la crisis sino que es parte de ella y de sus causas.
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